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Diario YA


 

¿Hasta dónde nos llevarán las improvisaciones de Sánchez?

El totum revolutum de la política

Miguel Massanet Bosch.

La señora vicepresidenta, Carmen Calvo, muy impuesta de su exceso de autoestima, no dudó en dar su cuarto a espadas respecto a la evidente discrepancia que ha originado la intención del actual Gobierno de cambiar las condiciones para la elección de los elementos que han de ocupar el Consejo General del Poder Judicial de ahora en adelante cuando, con el desparpajo que la caracteriza, sentenció, como si ella fuera la que dicta las resoluciones del Parlamento: “esta cámara hace lo que tiene que hacer con arreglo al resultado de las urnas”. ¿El resultado de las urnas? Convencida de que está por encima de lo que piensan de este tema jueces, magistrados, juristas, la UE, las instituciones más representativas del Estado y, aunque parece que no se atreven a dar su opinión, muchos de los propios miembros del PSOE, que ven horrorizados como la influencia de Podemos en las decisiones de Pedro Sánchez, inclinan a su partido hacia lo que sería una izquierda extrema, condicionada por el señor Pablo Iglesias que, en unos momentos en los que la Justicia parece que lo está acosando, tiene la urgente necesidad de extremar sus sobreactuaciones y sus presiones sobre el ejecutivo de Sánchez, para no quedar desplazado del puesto privilegiado de vicepresidente del gobierno que le permite ir capeando la serie de problemas, internos y externos a su partido, que amenazan con descabalgarlo de su puesto de líder de Podemos Unidas.
Cuando el resultado de las urnas, que alega la señora Calvo, no ha sido, ni mucho menos una mayoría absoluta del PSOE, ni tan siquiera una mayoría formada por el PSOE y Podemos, sino que ha sido un encaje de bolillos en el que, para conseguir el número de escaños necesario, ha sido preciso que se unieran toda una retahíla de formaciones minoritarias, cada una de las cuales con sus propias ideas y distintas sensibilidades políticas, se hace muy difícil decir cuáles han sido, en realidad, las verdaderas intenciones de los votantes, en una cuestión tan complicada y con implicaciones tan comprometidas como es la de elegir a unos jueces que es preciso que sean completamente impermeables a cualquier posible presión por parte del resto de poderes del Estado, de modo que sean capaces de mantener la legalidad en sus decisiones, por encima de cualquier otra consideración económica, social, política, sectaria, subjetiva, interesada o religiosa.
En realidad, el actual Gobierno de la nación española, se asemeja más a un lobby o algo similar a un cártel, en este caso de tipo político, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado entorno administrativo y de control de poder. No lo esconden, lo proclaman a los cuatro vientos: se trata de eliminar la competencia de las derechas o centro derecha, para lo cual no les basta con usar los medios legales previstos en la Constitución y materializados en las leyes orgánicas emanadas de ella  para su ampliación, interpretación o ejecución de la norma básica, sino que, como es habitual en el sistema comunista derivado del bolchevismo de la URRS, si es preciso utilizar maquinaciones, subterfugios, ilegalidades o marrullerías para sortear las leyes o infringirlas para poder conseguir los objetivos del partido, utilizando los medios de cualquier tipo que fueren necesarios, ¡se hace!, aunque sus consecuencias puedan derivar hacia enfrentamientos, imposiciones, limitación o anulación de las libertades individuales, incluso aplicando métodos violentos y recursos totalitarios, todo sea por intentar justificar el fin de alcanzar el poder a toda costa, aunque sea a cualquier precio, incluso el de acabar con nuestra democracia.
Pero, cuando un Gobierno ha de servir a tantos señores, tiene tantos compromisos que cumplir o se ve obligado a someterse al chantaje de sus propios socios de gobierno; entonces, señores, lo que suele ocurrir es que la legislatura se convierte en una pesadilla, no sólo para el propio Gobierno sino, y muy especialmente, para los ciudadanos que se ven inmersos, sin buscarlo, en una serie de situaciones caóticas provocadas, muchas de ellas,  por quienes nos gobiernan, que ponen en peligro su estabilidad, su trabajo, su salud y amenazan su seguridad económica, creando una situación de inseguridad  y desorientación respecto a lo que les espera en el futuro, que es impropia de un Estado de derecho y sí, por supuesto, de un Estado fallido que, sin duda alguna, puede afectar seriamente, si no se le pone rápido remedio, a la marcha de nuestro país y la de nuestras instituciones si, como es obvio que vamos camino de que suceda, el Gobierno, con el apoyo de la izquierda más revolucionaria y de los soberanistas de Cataluña y país vasco, pretende dar un golpe de Estado descafeinado, mediante el procedimiento de intentar vaciar de contenido  nuestra Constitución, ir cambiando las leyes adaptándolas a sus conveniencias políticas y atentando directamente contra la que es el eje de nuestra democracia, la Jefatura de Estado, en este caso asumida por el rey Felipe VI que, precisamente, es el garante máximo de que nuestra Carta Magna sea respetada y obedecida.
La forma despótica con la que nuestros gobernantes han estado tratando la grave pandemia que está sufriendo nuestra nación, desde el mes de febrero, con la aparición de la Covid 19 y los nefastos resultados que ha tenido una actuación evidentemente tardía, deslavazada, carente de objetivos claros y llena de los indudables fallos del Gobierno que nos dijo que se asesoraba de una comisión de expertos, que luego resultó que no existía y que todo se reducía a la opinión del señor Fernando Simón y una dirección, política no técnica, incapaz de tomar las decisiones más adecuadas para cada situación, ha venido demostrado su ineficacia, su servidumbre a los intereses políticos del Gobierno, su despreocupación por las necesidades perentorias provocadas por la escasez de medios para luchar contra el virus y la utilización sectaria, manipuladora, autoritaria y con desprecio absoluto por las advertencias y opiniones de la OMS o de la oposición parlamentaria y de muchos gobiernos autonómicos; con la forma en la que la camarilla del señor Sánchez, con la colaboración de algunos personajes que se han valido de su prestigio científico para ir engañando a los españoles, haciéndoles creer que el virus no se esparciría en España, que no hacía falta llevar mascarillas para, al poco tiempo, obligar a llevarlas; negando la información sobre la evolución del virus, ayudando a amañar la cifra de contagios y de muertes  o afirmando que ya se había vencido al virus, para encontrarse que, sin solución de continuidad, la epidemia no sólo se ha mantenido, ha mutado y se ha vuelto más contagiosa, sino que tenemos el no deseado “privilegio” de ser la  nación que más contagios tenemos por cada 100.000 habitantes y que también somos el país dónde se producen más muertes en proporción al número de habitantes, aunque es cierto que no hay manera de poder saber, porque no se proporcionan datos contrastados, el número real de personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus, aunque está conocido que sobrepasan los 60.000.  
Sin duda que la situación económica va a ser otro de los factores a tener en cuenta y las señales de alarma, sobre lo que se avecina, hacen muy improbable que lo que nos anuncia la ministra Calviño para el cuarto trimestre de este año,  cuando muestra un optimismo respecto a que será un trimestre de recuperación, cuando todos los indicios  anuncian que España va a sufrir una de las mayores recesiones del mundo en este 2020. FUNCAS anuncia una caída del PIB español del 12% en este año, mientras el Déficit Público podría oscilar entre una horquilla de133.000 y 161.000 millones de euros  (el gobierno ha anunciado que no va a tener en cuenta las limitaciones en cuanto al gasto público) hasta el punto de alcanzar el 14% del PIB, mientras los ingresos tributarios acumulan, hasta el mes de julio, una caída de un 11%. La Deuda Pública, con cuyo incremente se va a ver obligado el Gobierno a luchar este mismo año, lleva camino de alcanzar el 120%  del PIB, o sea, hasta un total de 1,33 billones y 1,45 billones de euros al término del presente ejercicio, superando así el 120% del PIB ¿Cómo podrá mantener la sostenibilidad de la deuda pública española en el largo plazo?, los expertos advierten que para reducir el déficit en 0,5 puntos cada año se precisaría, para conseguir el objetivo del 60% (según AIReF), nada menos que llegar al 2050.  
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, resulta imposible esperar de este Gobierno que padecemos, que se preocupe de que la economía española pueda afrontar, con alguna posibilidad de tener éxito, el tenebroso futuro que, desde todas las instancias  sociales, económicas, industriales, financieras y de crédito se nos viene anunciando y que, sin embargo, no parece que el señor Sánchez y sus compañeros de gobierno, tomen nota de que, aparte de solventar cuanto antes la epidemia del coronavirus que está azotando, con tan graves consecuencias, al pueblo español; tiene la ineludible obligación y el deber de intentar que todo nuestro tejido industrial y nuestro entramado económico no dependa de la actuación despreocupada, inconsciente, temeraria y suicida de un ejecutivo que sólo se preocupa de seguir en el poder el mayor tiempo posible sin que, el destino de España y de los españoles, forme parte de sus prioridades; claro que esto, muchos de nuestros ciudadanos, parece que todavía no les ha entrado en el caletre y parecen dispuestos a seguir en el error hasta que la cruda realidad les obligue a aceptar lo que ya será irreparable.  Y una frase del poeta griego Sófocles autor, entre otras obras, de Antígona, Electra y Edipo Rey: “Al temor, entre muchas otras cosas, le va bien a la tiranía.”