El juez que instruye el 'caso Guateque', Santiago Torres, llamará a declarar el 29 septiembre al concejal del PP y a varias funcionarios, todos ellos ya imputados. El nuevo procedimiento surge después de una denunciada presentada por María Adelaida R.P. y Juan Mariano G.S., quienes relataron una serie de irregularidades cometidas, según ellos, por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en varias viviendas del edificio del número 18 de la calle Juan Bravo donde residen.

   Los denunciantes apuntan a un posible "trato de favor o cualquier otra circunstancia" hacia los propietarios de la tienda de decoración Becara, situada en los bajos de sus viviendas, cuya titularidad corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L. Por ello reclaman la investigación de todos los expedientes de licencias urbanísticas concedidas por el Ayuntamiento a la mercantil "así como si sobre los mismos ha podido existir trato de favor, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias" en la concesión de licencias.

   El edil justificó en una "venganza" por parte de la familia denunciante los hechos que han derivado en la actual imputación al no haberles otorgado el permiso para montar una oficina en el segundo piso del edificio de Juan Bravo.

   Henríquez de Luna explicó que cuando fue concedida la primera licencia, en 1998, no era concejal del Ayuntamiento de Madrid y que todas las licencias se tramitaban entonces en Gerencia de Urbanismo. "La presunta imputación es falsa y carente de lógica porque no participé en la concesión de licencias al local", matizó en una multitudinaria rueda de prensa.

VENGANZA POR UNA OFICINA PRECINTADA

   El origen de la "venganza" reside en el precinto de la oficina en la segunda planta de Juan Bravo, 18, propiedad de la familia denunciante, una clausura debida a que incumplía la normativa urbanística. "Ese precinto motiva esta absurda implicación", aseguró Henríquez de Luna. Añadió que en mayo de 2005 dicha familia interpuso una querella criminal contra él por presunto tráfico de influencias, una querella que quedó archivada "por falta de fundamento".

  "Me dijeron que ya que Becara abría lo menos es que ellos pudieran abrir su oficina, por lo que les eché de mi despacho", aseveró. La respuesta de la familia fue esa querella, destacó el edil. Contra ellos se reserva la interposición de acciones legales "por el daño personal y contra el honor" cometido contra él, sentenció minutos antes de apuntar que la "honestidad" es su equipaje.

   El concejal de Salamanca aseguró haberse enterado de su imputación por la prensa al no haber recibido hasta el momento citación alguna, motivo por el que declaró sentirse "indefenso ya que lo normal sería haberse enterado de la imputación por el Juzgado número 32 de Madrid".

   En cuanto al rechazo del cambio de uso que permitió finalmente abrir a Becara, una modificación que fue rechazada por el anterior concejal-presidente del distrito, Fernando Martínez-Vidal, Henríquez de Luna aseguró que en la Junta Municipal de Salamanca "no consta denegación alguna de licencia".

APOYO DE GALLARDÓN

   Sobre la petición de cese hecha hoy mismo por el PSOE, el edil declaró que no asumirá esta solicitud porque no acata hechos "en los que no he participado". Tras afirmar que tiene la conciencia tranquila, confirmó que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, le transmitió hoy "todo su apoyo".

   Por otro lado, los mismos denunciantes explicaron en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que el apoderado de la empresa, el ex diputado del PP Jorge Trías, actualmente presidente de la comunidad de propietarios de Juan Bravo, "se jactó en una reunión de vecinos de su amistad con Íñigo Henríquez de Luna llegando incluso a ofrecer a un vecino su ayuda para un asunto dada la amistad que les unía. En distintas ocasiones se jactó también de su amistad con los señores Álvarez del Manzano y Ruiz-Gallardón". Los socialistas recordaron que Trías era diputado en activo en 1998, cuando se concedió la licencia ahora denunciada.

   Sobre su relación con Trías, Henríquez de Luna recordó que tiene abierto en la Junta Municipal que preside un expediente disciplinario contra él en relación a la implantación de un despacho profesional por ser una actividad no autorizada. "Conozco a Jorge Trías pero creo que en ocho años que llevo como concejal sólo me he reunido con él una vez porque es el presidente de la comunidad de propietarios de Juan Bravo, 18", especificó. Este despacho no se encuentra en la misma finca en la que se ubica la tienda Becara.