Redacción Madrid. 27 de noviembre.

La Fiscalía Anticorrupción de Málaga ha desarticulado una red organizada que, presuntamente, ha estafado más de 65 millones de euros a 200 inversores no residentes en España. La mayoría eran ciudadanos británicos, a los que los dos detenidos convencían para que adquirieran participaciones sociales de empresas fraudulentas dedicadas a la compra de fincas rústicas.

En esta operación, denominada 'Fuentespino', también han sido imputadas una veintena de personas de varias nacionalidades. La operación todavía continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones y registros.

   La operación llevada a cabo por los Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desarticuló esta red después de practicar seis registros en la provincia de Málaga, dos de los cuales se practicaron en despachos de abogados. En estos registros los agentes se incautaron de una gran cantidad de documentos, tanto en soporte informático como en papel, varios vehículos y bloquearon diversas cuentas bancarias.  

   Además de los dos detenidos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola, que se encarga del caso y ha declarado el secreto de las actuaciones, imputó a 20 ciudadanos de varias nacionalidades. La operación comenzó como consecuencia de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se relatan presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública.

   INVESTIGACIONES EN REINO UNIDO

   La cooperación internacional fue fundamental durante los dos años que ha durado la investigación. Y es que a través de una comisión rogatoria realizada por la Fiscalía Anticorrupción a las autoridades competentes del Reino Unido, ha sido posible la presencia de agentes españoles en el país británico, que pudieron investigar sobre el terreno a nueve personas y empresas implicadas en la operación.

   Según explicaron tras estas investigaciones, se descubrió una trama dedicada a la captación de capital privado de personas residentes fuera del país a cambio de participaciones en sociedades radicadas en España. Supuestamente, estas empresas estarían dedicadas a la ejecución de proyectos inmobiliarios, en los que prometían importantes revalorizaciones y altas rentabilidades.

   La operación 'Fuentespino' ha permitido la desarticulación de un entramado dedicado al enriquecimiento ilícito mediante la constitución de sociedades y el establecimiento de promociones y proyectos de inversión inmobiliaria existentes, aparentando una realidad empresarial que ocultaban sus verdaderas intenciones fraudulentas.

   EL SISTEMA EMPLEADO

   Para captar el capital de los más de 200 estafados, el sistema de engaño se basaba en la adquisición de una serie de fincas rústicas mediante una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal. Inmediatamente, estas fincas eran asociadas a una serie de empresas mercantiles de nacionalidad española mediante su aportación al capital social de las mismas.

   A la vez, estas empresas españolas eran asociadas a una serie de proyectos inmobiliarios, relacionados con la construcción de complejos hoteleros y de ocio, y se desplegaba toda una actividad de promoción de los proyectos que, supuestamente, iban a desarrollar mediante Internet y teleoperadores telefónicos. Sin embargo, esta publicidad se dirigía exclusivamente a posibles inversores extranjeros no residentes en España.

   Cuando los detenidos conseguían la firma de adquisición de participaciones sociales de las empresas por parte de los inversores, éstos efectuaban un pargo a través de transferencia a una cuenta de otra sociedad (la comercializadora). Posteriormente se formalizaba el acuerdo ante notario. En muchas ocasiones, los detenidos no se conformaban con este dinero e informaban a los inversores de supuestos "retrasos" en la ejecución, con lo que conseguían nuevas aportaciones en otros proyectos.

   Puesto que los inversores están fuera de España, para todo ello apoderan a la persona que designa la organización. Para esta representación legal, la red utilizaba los servicios de dos despachos de abogados, que representaban a los compradores extranjeros en los actos notariales y en otros trámites.